En la construcción se suelen presentar inconvenientes comunes durante el tiempo de vida de la edificación: pueden ser fisuras o grietas o filtraciones en las paredes, mal funcionamiento de las redes eléctricas, interruptores, luces, y tomacorrientes, entre otras. Si bien es cierto existen normas que respaldan la calidad en la construcción y desde luego normas de productos y procedimiento para las instalaciones eléctricas en la construcción, no existe garantía expresa por las fallas que puedan presentarse, colocando de esta manera al usuario que invirtió en su inmueble en una posición casi indefensa.
En dicho contexto, es necesario difundir, promover, complementar y fiscalizar el cumplimiento del marco normativo y regulatorio existente para la construcción y en especial para las instalaciones eléctricas de modo tal que el usuario final este protegido cuando se entrega una vivienda o un inmueble en general.
A la fecha el estado y las instituciones públicas y privadas se han organizado en torno a este tema y se han logrado importantes avances con relación a la actualización constante de: Reglamento de Edificaciones, Código Nacional de Electricidad, Reglamentación de Productos Eléctricos (conductores eléctricos), Normas técnicas, Ley de Protección al Consumidor, sin embargo no es suficiente, aún tenemos muchos vacíos normativos, regulatorios y legales; ausencia de competencias en los procedimientos de fiscalización; y, falta de recursos así como de información actualizada para quienes debe cumplir el rol correspondiente. Todas las organizaciones cumplen un papel importante frente a este gran reto de velar por la calidad de productos, servicios y cumplimiento de la normativa existente.
La realidad puede ser muy cruda:
- En los últimos 10 años, el contrabando generó una pérdida para el país mayor a US$ 5,000 millones.
- La autoconstrucción superó el 60%.
- 7 de cada 10 incendios urbanos son a causa de malas instalaciones eléctricas.
- Consumimos de 8 a 10 veces más energía que hace 20 años.
- Tenemos entre 20 y 50 aparatos eléctricos en una vivienda con los que interactuamos permanentemente – enchufando y desenchufando a discreción – sin estar necesariamente protegidos.
Se estima que el 20% de los productos eléctricos de alto riesgo que ingresan al país son sub estándares y/o falsificados: 1 de cada 5 productos eléctricos instalados es FALSO: sin estándares mínimos de calidad que protejan al consumidor: sin marca, sin certificado, sin registro; sin garantía para la seguridad ni de las instalaciones ni de las personas.
- Un cable falso, no es capaz de soportar la demanda de energía de los artefactos eléctricos pudiendo producir sobrecargas y estas cortocircuitos;
- un tomacorriente falso, puede ser causante falsos contactos, de cortocircuitos y sobrecalentamientos;
- los dispositivos de protección (termo magnéticos y diferenciales) falsos, no protegen, ni a los cables de la
instalación eléctrica ni a la vida de las personas trayendo como consecuencia incendios por sobrecarga o muerte por
electrocución.
Esta situación, que no evidenciamos hasta que se produzca un accidente eléctrico, es una de las razones por la que
es necesario seguir reforzando el respeto de la normativa eléctrica en nuestro país.
Desde EPEI-Perú como gremio que promueve el desarrollo de la industria eléctrica estamos abocados en sensibilizar a las instituciones, organizaciones y al público usuario que velar por la calidad de los productos puede ser tan importante como su vida misma. Adquirir un producto original, es sinónimo de calidad, seguridad, mayor vida útil y satisfacción; además minimiza los riesgos de incendio, electrocución y daño al medio ambiente. Finalmente, favorece el desarrollo del país: Cumple con el pago de impuestos al estado, favorece la inversión extranjera y contribuye a la mayor generación de empleo. Apostemos por la calidad y la vida.
Fuente: Revista Costos
